Cuba:
El curso de una transición incierta
Haroldo Dilla
Con el aplauso de tecnócratas
y empresarios, el gobierno cubano impulsa como su acción priorizada
lo que se ha denominado la reforma económica. No fue una decisión
entre muchas otras opciones. La desintegración del bloque económico
Este-europeo y posteriormente de la URSS, significó un golpe
severo para la economía nacional. En tal situación el
habitual sentimiento antimercantil de la dirigencia política
cubana comenzó a ceder espacio a la aceptación pragmática
de una cadena de realidades: Cuba tenía que insertarse en el
mercado mundial capitalista, hacerlo sobre bases estrictamente competitivas,
y para ello requería reestructurar muchos fundamentos de su organización
económica y social. En un memorable discurso el 26 de julio de
1993, el presidente cubano reconoció las limitaciones del programa
inmediato: conservar las conquistas revolucionarias y esperar mejores
tiempos para continuar la construcción socialista.
Aun cuando salpicado de trabas burocráticas y no pocas contramarchas,
el proceso de liberalización y ajuste económicos muestra
un ritmo sorprendente. La dirigencia política cubana ha proclamado
reiteradas veces los logros de su política aperturista en este
duro periodo. En primer lugar, ha logrado detener la catastrófica
caída de la economía y obtener desde 1995 algunos niveles
de crecimiento cuya acumulación es estimada en algo más
del 12 por ciento. Hay que reconocer que con ello se cerró el
camino a una aspiración de la ultraderecha americana y sus asociados
de Miami: una marcha "versallesca" sobre una revolución
colapsada económicamente.
Si tomamos en consideración que esos resultados han sido obtenidos
en medio de una fuerte confrontación con Estados Unidos, cuyos
bloqueo económico y política injerencista han sido catalizadores
de la crisis, entonces habría que otorgar a este resultado un
significado histórico nacional e internacional.
En segundo lugar, se argumenta oficialmente, la recuperación
se ha logrado sin recurrir a la ortodoxia neoliberal; sin sacrificar
los programas de salud pública, educación y seguridad
social, cuyos presupuestos se han mantenido estables o han crecido (hasta
abarcar en conjunto cerca del 60 por ciento del presupuesto nacional);
y reservando un papel relevante al Estado. Ello es también un
mérito reconocible que habla del compromiso social del programa
de la revolución. Pero evidentemente quedan en pie preguntas
claves para cualquier observador u observadora situados en la izquierda
política y convencidos de la trascendencia del legado revolucionario
cubano.
El proceso de liberalización y ajustes económicos en Cuba
difiere de los procesos en curso en América Latina no solamente
por los argumentos antes apuntados, sino porque en el primer caso no
se trata de una simple variación de un código operacional
capitalista, sino de la reestructuración radical de la economía
política, de los modos de regulación social y de la producción
ideológico-cultural prevalecientes en decenios anteriores. Aquí
se advierte un signo de transformación cualitativa de gran trascendencia:
la paulatina colonización mercantil de los ámbitos de
acción social con el consiguiente planteamiento de retos multidimensionales
que atañen al tema central de la política: la distribución
del poder. Si partimos de la verdad axiomática de que la combinación
de antimperialismo militante con servicios sociales gratuitos no es
igual a socialismo, entonces cabe la pregunta acerca de la magnitud
de estos cambios sistémicos, en una primera instancia en el plano
social (y más específicamente socioclasista), y luego
en la rearticulación total de la política.
Una idea central que anima este artículo es que la reforma está
produciendo una recomposición socioclasista en función
de un bloque tecnocrático-empresarial emergente y en detrimento
de las posiciones de los sectores populares. Esta tendencia, que conduce
a una restauración capitalista en el país (en nombre del
socialismo y bajo la administración del Partido Comunista) no
es inexorable. Por ello, otra idea central es que existen vías
alternativas para la continuidad socialista, inseparables de la articulación
de la agenda revolucionaria cubana con un proyecto alternativo de izquierda
a escala internacional, lo que implicaría una renovación
muy sustancial del sistema político en función de un genuino
poder popular.
El escenario precedente: la utopía subsidiada
La dinámica de la sociedad cubana entre 1959 y 1989 estuvo dominada
por dos tendencias contradictorias: la nivelación y la movilidad
sociales. La primera tendencia fue dominante en los primeros años
y tuvo su punto de partida en el radicalismo del hecho revolucionario,
que condujo a la virtual liquidación de los sectores burgueses
y de buena parte de la clase media, los cuales emigraron o experimentaron
un proceso de proletarización. La sociedad fue paulatinamente
organizándose en torno al predominio de formas sociales y estatales
de propiedad de los medios de producción. Al mismo tiempo, esta
nivelación social fue acompañada de un proceso de movilidad
ascendente de las mayorías (particularmente fuerte desde mediados
de los setenta), apoyado en programas estatales de provisión
de empleos y de servicios sociales.
Esta intensa movilidad social, aun cuando conducía a una diferenciación
objetiva de los sujetos, no repercutió proporcionalmente en un
autorreconocimiento de las identidades sectoriales, lo cual estaba condicionado
por diversos factores que tendían a enfatizar el concepto de
"pueblo" como vehículo sociopolítico de la transformación
social y la defensa nacional. El sistema político dio cuenta
de esta situación mediante su adscripción al modelo leninista
de organizaciones sectoriales que actuaban como "correas de transmisión"
entre la totalidad de la población y la "vanguardia"
organizada en el Partido Comunista. El resultado no pudo ser otro que
una severa concentración de la autoridad política.
Este último dato se apoyaba en las capacidades de la clase política
revolucionaria para ejercer la regulación social en condiciones
cuasi monopólicas al menos en tres sentidos: ante todo, en el
ejercicio de la asignación de recursos a través de una
planificación centralizada, directiva y singular, que se vio
potenciada por la entrada de Cuba en el bloque económico soviético
a principios de los setentas. A partir de entonces (y hasta 1987), la
economía cubana conoció un proceso de crecimiento extensivo
con recursos relativamente abundantes y en el marco de una economía
política marcada por una producción poco exigente, una
distribución equitativa y un consumo subsidiado.
En un segundo plano, el modelo leninista de organización política
-lubricado por un fuerte consenso político- se constituía
en un firme mecanismo de control político, no sólo en
lo relacionado con la represión de las tendencias antisistema
(realmente poco relevantes desde principios de los sesenta), sino en
su prevención, en la movilización popular y en la socialización
de valores y conductas políticas.
En tercer lugar, y no por ello menos importante, habría que destacar
la capacidad del liderazgo político para producir una ideología
creíble y legitimadora, que operaba como una suerte de paradigma
teleológico, tanto respecto a sus referentes internos como externos.
Se trataba de una ideología segura que dejaba muy poco espacio
a la incertidumbre acerca de la triple interpelación sobre lo
existente, lo mejor y lo posible; coherente, dada la estrecha interrelación
entre las percepciones de las realidades cotidianas emanadas del entramado
social y el discurso institucionalizado y también accesible al
ciudadano común en la medida en que compartía valores
muy caros a la cultura política nacional que enfatizaban los
principios éticos como rectores de la política, el patriotismo,
el internacionalismo, la equidad social, etc. El capitalismo, junto
a todas sus categorías orgánicas (burguesía, consumismo,
desigualdad, mercado, etcétera.) fue duramente anatematizado
y considerado como parte de un pasado que no tendría una segunda
oportunidad.
Sin embargo, este esquema contenía en sí serias contradicciones
emanadas de sus propósitos declarados de socialización
del poder y su apropiación paulatina por una capa burocrática
emergente durante los sesenta y definitivamente consolidada en el decenio
siguiente a la sombra del llamado proceso de institucionalización.
En términos sistémicos, la consolidación del estamento
burocrático sólo pudo conseguirse al precio de la extensión
de las relaciones clientelistas-paternalistas, la detención del
proceso de socialización del poder y por consiguiente el congelamiento
del desarrollo socialista del proyecto. [1]
La historia se ha ocupado de mostrar tanto las virtudes como los inconvenientes
de este tipo de ordenamiento de la regulación sociopolítica.
Mientras se trató de una sociedad con un bajo nivel de lo que
Giddens ha denominado "universalización y reflexividad social"
[2], este esquema de regulación política funcionó
con eficacia: permitió enfrentar con éxito el peligro
externo representado verazmente por la agresividad norteamericana, facilitó
la movilización y distribución equitativa de los recursos
disponibles, promovió una cultura política solidaria y
un vasto entramado de participación y movilización popular,
entre otros. Pero sus propios logros iban tejiendo su obsolescencia,
particularmente cuando la movilidad y la alta calificación del
sujeto social comenzó a chocar con la rigidez de los mecanismos
de control sociopolítico, lo que tendía a producir disfuncionalidades
tales como la apatía y la anomia políticas.
La reforma económica se ha encargado del resto. El mercado, actor
discreto en los decenios precedentes, comenzó a jugar un papel
más distinguido en la asignación de recursos y la distribución
del magro excedente y, por consiguiente en la remodelación de
las relaciones de poder. Así los cubanos comunes empezaron a
notar con asombro que el futuro no era tan seguro como durante muchos
años se había explicado en el discurso oficial.
Entre compañeros e inversionistas: sociedad, política
y relaciones de poder
Una de las constantes del discurso oficial cubano ha sido, por un lado,
aceptar la conveniencia de renovar periódicamente las estructuras
políticas y por otro, acotar las dimensiones de estos cambios
a una serie de factores que van desde la inviolabilidad de algunos preceptos
-por ejemplo el monopartidismo- hasta el rechazo frontal a toda modificación
inducida por presiones externas.
Este último dato es perfectamente comprensible si tenemos en
cuenta la pretensión norteamericana de modificar el sistema político
cubano hasta el punto que le permita recuperar su papel de actor interno
decisivo en los asuntos domésticos.
Los ecos debilitados de un debate
La necesidad de recuperar espacios de consenso y de reforzar la legitimidad
del régimen fue percibida por la clase política como una
tarea impostergable en vísperas del IV Congreso del Partido Comunista
programado para 1991. En consecuencia, el partido produjo una convocatoria
a una discusión pública y, durante varios meses, la sociedad
cubana vivió el debate público más libre y democrático
de su historia. Millones de personas en decenas de miles de lugares
(escuelas, centros laborales, comunidades) ejercieron su derecho a la
crítica, a la propuesta de soluciones o sencillamente a la deliberación
sobre temas que iban desde la vida cotidiana hasta la alta política.
Los resultados de esos debates nunca fueron publicados, pero los diferentes
informes y observaciones realizados daban cuenta de un debate que sugería
una profunda renovación sistémica en el marco de un compromiso
fundamental con las metas socialistas y de independencia nacional. La
clase política cubana tenía ante sí un stock informativo
suficiente para pulsar el estado de ánimo, las aspiraciones y
los puntos de vista de la mayor parte de la población.
Los cambios políticos producidos en los dos años siguientes
(1991-1992) trataron de tomar en cuenta estas demandas, pero las acciones
emprendidas iban a resultar una suerte de eco debilitado respecto a
la intensidad de los debates precedentes. Lo que algunos sectores habían
previsto como el auspicioso inicio de la construcción de una
democracia pluralista y participativa que diera respuesta política
a las nuevas condiciones sociales en función de la continuidad
socialista, fue limitado a una serie de cambios puntuales más
interesados en la gobernabilidad que en la democracia.
El asunto es harto complejo y peligroso políticamente. No se
trata simplemente de evaluar hasta dónde los cambios operados
en el sistema político formal son más o menos democráticos.
De lo que se trata es de calibrar sus cualidades a partir del reconocimiento
de que la política en Cuba cambia a un ritmo vertiginoso aun
cuando no se exprese en el ámbito formal, y de que la gobernabilidad
que se pretende garantizar se remite crecientemente a una fuerte alteración
de las relaciones de poder orgánica al nuevo modelo de acumulación.
Dicho en otras palabras, si la política no es solamente -ni siquiera
principalmente- una cuestión institucional o normativa, sino
sobre todo -siguiendo una definición de Held 3- la interacción
de los actores y sujetos por el control de los mecanismos de asignación
de recursos y valores, entonces es posible afirmar que la política
en Cuba comienza a sufrir un deslizamiento paulatino en función
de las exigencias del nuevo modelo de acumulación cuya expresión
más nítida se da en la reconformación de las redes
sociales de poder y por consiguiente, los cambios formales que pueden
realizarse hoy serán muy diferentes a los que puedan realizarse
en lo futuro, cuando la correlación de poderes haya variado significativamente.
Un breve análisis del proceso de reconfiguración social
indicaría una doble tendencia al fortalecimiento de un bloque
tecnocrático empresarial vinculado ventajosamente al mercado
y con posibilidades de erigirse en bloque social hegemónico,
y, al mismo tiempo, la fragmentación y debilitamiento de los
sectores populares [4].
El reciclaje de las élites
Desde la óptica que aquí nos ocupa, el resultado social
más sobresaliente del proceso de apertura y reforma económica
ha sido la incipiente conformación de un nuevo bloque social,
que aquí denominaremos "tecnocrático-empresarial"
y en el cual es posible distinguir tres componentes fundamentales.
Un primer componente de este bloque emergente está ubicado en
el ámbito de la inversión extranjera. En la misma medida
en que se trata regularmente de asociaciones con el Estado, este sector
está estrechamente relacionado con una capa de empresarios y
gerentes nacionales que comparten experiencias vitales, modos de vida
y aspiraciones sustancialmente diferentes del resto de la población.
El segundo componente de este bloque emergente estaría formado
por los directivos de las empresas estatales que han logrado posiciones
ventajosas en el mercado mundial y, por consiguiente, cuotas superiores
de autonomía. Estas nuevas atribuciones son incompatibles con
la tradicional figura del administrador de bienes públicos en
el marco de la economía centralmente planificada, siempre encerrado
en la trágica triada del no saber, no poder o no querer. En su
lugar, emerge un nuevo tipo de empresario nacional, más preocupado
por la maximización de ganancias que por otras consideraciones
políticas. El número de empresas ubicadas en este rango
también deberá seguir aumentando con el transcurso de
la reforma.
Un tercer componente (potencial) de este bloque está representado
por aquellas personas (campesinos acomodados, intermediarios comerciales,
proveedores de servicios, etcétera.) que han atesorado fuertes
sumas monetarias y otros bienes mediante la especulación en el
mercado negro, frecuentemente a expensas de los recursos estatales.
Dado que la mayor parte de estas fortunas tiene un origen ilícito,
es imposible cuantificar su potencial económico. Pero es posible
acercarnos a su dimensión a través del análisis
de la estructura de las cuentas corrientes, donde se deposita aproximadamente
el 60 por ciento del total de la liquidez monetaria y que ha presentado
en los últimos años una preocupante tendencia a la concentración.
Con las acciones de liberalización en los mercados agropecuarios
y de productos industriales, así como con la apertura del trabajo
por cuenta propia, este sector no sólo ha incrementado y "blanqueado"
sus fortunas, sino también ha ganado un mayor control de los
circuitos de circulación y realización del mercado interno.
En un futuro no lejano, este sector tendrá un rol inversionista
en la pequeña y mediana empresa y en contrataciones con el sector
formal de la economía, lo que le ampliará sus posibilidades
de acumulación.
Como el lector podrá fácilmente suponer estos grupos,
y particularmente los dos primeros provienen de la propia burocracia
tradicional -sea civil o militar- y sus familias, y pertenecen a ellos
jóvenes tecnócratas aupados por estas políticas
en curso. Incluso en el tercer grupo es posible hallar una fuerte conexión
entre los negocios privados más prósperos -restaurantes
y arriendos de habitaciones para turistas- y altos burócratas
retirados o sus familiares, pues en última instancia estos negocios
requieren viviendas confortables y ubicadas en lugares céntricos
que habían sido adjudicadas por el Estado a este tipo de personas
en tiempos anteriores. Con seguridad, Pareto se hubiera sentido plenamente
confirmado.
La fragmentación de los sectores populares
Antes de 1989, los sectores trabajadores cubanos eran una masa relativamente
homogénea. En este último año, el 94 por ciento
de la fuerza de trabajo empleada en el sector civil (3.5 millones de
personas) se componía de asalariados de la economía estatal,
organizados sindicalmente en su inmensa mayoría y amparados por
un código del trabajo muy paternalista. Los trabajadores por
cuenta propia eran unos pocos miles y el campesinado independiente o
cooperativo era numéricamente exiguo y sufría una reducción
paulatina. La crisis y el proceso de ajuste y liberalización
han ido cambiando sustancialmente este escenario.
En primer lugar, habría que anotar su efecto sobre los sectores
asalariados y en particular sobre la clase obrera. Estos sectores sufren
una reducción absoluta de sus efectivos, como consecuencia de
la apertura de nuevas oportunidades de empleos más lucrativos
en el sector privado o cooperativo y del propio proceso de reducción
del empleo supernumerario en las empresas estatales. En 1996, este sector
reunía el 78 por ciento de la PEA, un 16 por ciento menos que
ocho años atrás.
No menos notable ha sido su debilitamiento económico como consecuencia
de la dolarización de los precios de una parte sustancial de
los bienes de consumo y servicios económicos y de la permanencia
de salarios diseñados para un consumo subsidiado. En este sentido,
los sectores asalariados estatales se encuentran sometidos a un régimen
de super-explotación en la misma medida en que el precio de la
fuerza de trabajo es inferior al costo de su reproducción. Según
cálculos no oficiales [5], una familia cubana de cuatro miembros,
en la que al menos dos personas trabajen y reciban el salario medio,
requeriría el doble del ingreso monetario percibido para garantizar
un consumo mínimo de alimentos, productos higiénicos y
servicios comerciales.
En la vida real, esta situación es paliada de diferentes maneras.
Cerca del 20 por ciento de los asalariados, ubicados en áreas
privilegiadas por la nueva dinámica económica (turismo,
tecnologías de punta, industrias exportadoras), recibe ingresos
monetarios o en especie adicionales al salario oficial, lo que estaría
generando una virtual remodelación de la clase obrera y asalariados
en general por el capital internacional. En otros casos, estos mismos
trabajadores han logrado insertarse en las actividades cuentapropistas,
sea de manera formal (cerca de un 26 por ciento de las licencias expedidas
en 1996 correspondían a trabajadores estatales) o de manera informal.
Pero también es frecuente la recurrencia a otros expedientes
no ligados al trabajo, con la consiguiente proliferación de actitudes
anómicas. Un caso de esta naturaleza sería la obtención
de ayuda económica de familiares emigrados. Otro, no menos relevante,
sería la corrupción. Es innecesario detenernos en evaluar
las implicaciones éticas e ideológicas de estos modos
de supervivencia.
Otra tendencia social significativa es la proliferación de sectores
de productores cooperativos e individuales no asalariados. En un primer
plano, vale destacar la situación de los pequeños campesinos
individuales y de productores agrícolas asociados en cooperativas
que por diversas razones no han logrado un nivel alto de atesoramiento.
Como antes anotábamos, estos sectores habían experimentado
una gradual disminución absoluta desde el triunfo revolucionario,
de manera que si en 1970 constituían el 11 por ciento de los
empleados en el sector civil, en 1989 eran sólo el 5 por ciento.
Con la creación en 1993 de las Unidades Básicas de Producción
Cooperativa (UBPC), esta situación experimentó una dramática
reversión y, aunque no existen estadísticas oficiales,
se calcula que cerca de 300,000 personas han engrosado el sector de
cooperativistas agrícolas y están a cargo del 30 por ciento
de la tierra agrícola. Otras 50,000 personas habían recibido
tierras a título individual [6].
Otro sector que ha mostrado una considerable expansión ha sido
el trabajo por cuenta propia principalmente en las áreas urbanas.
El trabajo por cuenta propia no era desconocido por la sociedad cubana.
En los setenta este tipo de actividad había logrado cierto nivel
de expansión que fue suprimido entre 1986 y 1989 cuando el llamado
proceso de rectificación lo consideró indeseable para
los fines socialistas. En el verano de 1993, el trabajo por cuenta propia
fue nuevamente rehabilitado como una forma de generar puestos de trabajo
y limitar los alcances del mercado negro. Aunque en el llamado "cuentapropismo"
se esconden verdaderas fortunas que han logrado las mejores posiciones
y afrontar con éxito la escalada impositiva del gobierno, la
inmensa mayoría de los negocios amparados bajo esta ley está
formada por pequeñas unidades individuales o familiares cuyos
ingresos netos, aun cuando superan a los percibidos por la mayoría
de los trabajadores del sector formal, no permiten una base para la
acumulación.
Por último, la sociedad cubana comienza a transitar desde una
situación de pleno empleo (legítimamente considerada como
una conquista revolucionaria aun cuando fuese al precio de una notable
ineficiencia económica) a otra en que el desempleo se convierte
en un rasgo estructural.
Repensar el futuro desde la izquierda
Repensar al futuro cubano desde una perspectiva de izquierda es una
necesidad que rebasa al marco nacional. La resistencia del pueblo cubano
en pos de su independencia nacional y de sus conquistas sociales despierta
la admiración del mundo entero y vertebra un movimiento solidario
de gran significado moral y político. La intransigencia antimperialista
de su liderazgo histórico no es menos digna de reconocimiento.
Para todos, esto es muy importante, pero no suficiente.
Cuba ofrece otra oportunidad: la de ser un componente de un proyecto
anticapitalista en formación que aun cuando tenga diferentes
concreciones nacionales, sólo podrá ser viable a escala
internacional. Pero para serlo, Cuba requiere no solamente salvaguardar
las conquistas sociales y la independencia, sino sobre todo continuar
avanzando en la gestación de un nuevo concepto del desarrollo
y de la política y en el establecimiento de un genuino poder
popular, democrático y pluralista.
No faltan reservas a la sociedad cubana: un entramado fuerte de participación
popular, una cultura política permeada por el sentido de la solidaridad
y la cooperación, un sujeto social educado y portador de valores
orgánicos a la meta socialista y segmentos importantes de una
clase política dotada del sentido de la responsabilidad y de
una alta sensibilidad social. Tampoco faltan obstáculos, los
más importantes de los cuales son precisamente las condiciones
especialmente difíciles que el país enfrenta para su recuperación
económica y la abrumadora asimetría de capacidades frente
al mercado mundial capitalista, todo ello agudizado por el efecto del
inmoral bloqueo norteamericano no sólo sobre la economía
sino también sobre la política.
Certificada la inviabilidad de la autarquía, la inserción
de Cuba en el mercado mundial capitalista es una condición indispensable
para la supervivencia nacional. Esto no implica la aceptación
fatalista de las reglas de juego de la llamada globalización
y mucho menos que sea imposible encontrar sendas alternativas que modifiquen
sustancialmente los escenarios existentes. Pero un juicio realista no
podría obviar que cualesquiera que fuesen las prevenciones adoptadas,
esta inserción produce un cambio dramático en las relaciones
de poder y del código operacional del Estado en función
del proceso de acumulación.
Esta línea de análisis nos conduce a la necesidad de un
rediseño de la política que debe estar animada por tres
principios medulares, contradictorios pero no excluyentes. En primer
lugar, debe garantizar la unidad de la nación frente a la injerencia
imperialista. En segundo lugar, debe fortalecer al sujeto popular y
a sus organizaciones, entendiendo la complejidad creciente de aquél.
En tercer lugar, debe dar cuenta de la diversidad social sobre la base
de la hegemonía popular y de la subordinación negociada
de los sectores emergentes no incluibles en este rubro. Se trataría,
en resumen, de un paradigma de la política socialista que reconozca
la existencia de las contradicciones y los conflictos en una sociedad
compleja, y provea los mecanismos para sus soluciones de manera democrática
en beneficio de la hegemonía popular y la independencia nacional.
Hacia un nuevo asociacionismo
El fortalecimiento del sujeto popular pasa inevitablemente por la autonomía
de sus organizaciones. El esquema de correas de transmisión resultó
positivo para los fines revolucionarios en condiciones históricas
que ya no existen. En las nuevas condiciones, las organizaciones populares
tendrán que asumir espacios contradictorios incluso respecto
a las políticas dictadas por el Estado.
En un primer plano, se trataría de estimular a las organizaciones
sectoriales ya existentes. En segundo lugar, están las numerosas
asociaciones que han surgido en los últimos cinco años,
algunas de ellas con una fuerte vocación pública, cuyos
denominadores comunes han sido el compromiso medular con un socialismo
renovado y con la independencia nacional. Entre ellas, merecen destacarse
asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, instituciones
académicas, movimientos comunitarios, etc. En conjunto, han promovido
interesantes debates sobre una nueva visión del desarrollo que
contiene temas como el medio ambiente, los problemas de género,
la participación popular, las culturas locales, etcétera.
En particular, los movimientos comunitarios han intentado en la práctica
ofrecer una alternativa de desarrollo y convivencia desde la comunidad,
y superar así la tradicional antinomia mercado-Estado que ha
saturado la discusión pública en Cuba durante años
[7].
Paradójicamente, todos esos movimientos han sufrido limitaciones
burocráticas, cuya máxima expresión fue la emisión
por parte de la alta jerarquía partidista de un documento en
el que declaraba su intención de administrar la dinámica
de estas asociaciones a partir de la configuración de una "sociedad
civil socialista", cuyos parámetros de inclusión
(o exclusión) nunca han sido definidos y, por consiguiente, quedan
sujetos al arbitrio de los órganos burocráticos [8]. La
argumentación oficial que justificó esta acción,
así como otras actitudes restrictivas hacia la autonomía
de las organizaciones, se ha basado en la consideración de que
la estrategia injerencista norteamericana había considerado firmemente
la utilización de la sociedad civil en Cuba como una vía
para el socavamiento del sistema, repitiendo aquí las fórmulas
empleadas en algunos países Este-europeos.
Ciertamente, esa perspectiva injerencista ha sido una constante desde
1980, explícita en las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton
(1996), que han concebido un segundo carril de operaciones dirigidas
a la cooptación de sectores sociales y políticos específicos,
incluidos (aunque no únicamente) los componentes de la sociedad
civil [9]. Es entonces perfectamente comprensible que el Estado cubano
haya intentado proteger la soberanía nacional de los intentos
subversivos norteamericanos y que, para hacerlo, establezca filtros
y "candados" políticos preventivos. Pero pudiera parecer
paradójico que lo haga imponiendo limitaciones y controles burocráticos
a organizaciones que habían expresado en términos declarativos
y prácticos un rechazo tan total a las pretensiones injerencistas
norteamericanas como el expresado por el propio Estado [10]. Posiblemente
la reacción estatal contra la "sociedad civil" no sólo
está expresando el celo patriótico de la clase política
o la tradicional reticencia de la burocracia a admitir competencias
legítimas en el control social, sino también su buena
disposición a ofrecer al capital internacional "un país
ordenado", incompatible con la existencia de organizaciones autónomas
y beligerantes.
Por ultimo, el fortalecimiento del sujeto popular no puede limitarse
a la revitalización de las organizaciones existentes, sino que
se extiende a la emergencia de asociaciones orgánicas a los nuevos
actores y capas sociales subordinados en el proceso de acumulación.
Un primer caso paradigmático es el de los miles de trabajadores
por cuenta propia. La posición intermedia de este sector en la
estructura social emergente condiciona objetivamente su ambivalencia
política en relación con la continuidad socialista. Como
anotaba antes, la mayoría de estos trabajadores dependen básicamente
de su propio fondo de trabajo y, aun cuando en la actual coyuntura económica
anómala sus ingresos sean relativamente altos, están incapacitados
para acumular. La calidad de sus vidas continúa dependiendo en
alto grado de la provisión de servicios sociales y del compromiso
estatal con el bienestar público. Pero al mismo tiempo, crecientemente
educados en la acción individual, tienden a limitar su cosmovisión
al reino más mezquino de las ganancias personales de los que
objetivamente son "sus negocios". Y perciben ciertas obligaciones
sociales -por ejemplo el pago de impuestos- como exacciones injustificadas
que les cierra el camino a niveles más altos de enriquecimiento.
La negativa del último congreso del Partido Comunista (1997)
a permitir la formación de pequeñas y medianas empresas
pone de hecho un valladar a lo que hubiera significado un paso incentivado
de cooperativas y otras asociaciones de productores de servicios.
Un caso similar por sus posibles implicaciones políticas es el
de los trabajadores cooperativos agrícolas, principalmente los
establecidos en las Unidades Básicas de Producción Cooperativa
(UBPC). Éstas fueron creadas en 1993 como una respuesta estatal
para obtener de manera descentralizada mejores rendimientos agrícolas.
Un porcentaje significativo (20 por ciento) de la tierra estatal fue
cedida en posesión a grupos de trabajadores, lo que ha constituido
el paso socializador más audaz dado por la Revolución
Cubana en los últimos lustros. Sin embargo, habría que
reconocer que el establecimiento de las UBPC careció desde sus
inicios de una clara percepción política, de lo que un
lustro después, aún los marca con un sello utilitario
e inmediatista.
En un inicio, las UBPC nacieron constreñidas burocráticamente
al no contar con acceso libre al mercado y estar sujetas a los andamiajes
administrativos de las empresas estatales. Desde fines de 1994, fue
viabilizado el acceso al mercado, lo que sin lugar a dudas ha producido
una dinamización parcial de estas instituciones [11]. Pero sin
otras acciones políticas, tal dinamización pudiera adoptar
un curso específico en detrimento de sus roles potenciales como
cotos de propiedad socialista y de sus niveles de democracia interna.
Evitar estos efectos no dependerá del éxito económico
-si bien éste es indispensable- sino del diseño político
general en que tales cooperativas se inserten.
Los trabajadores independientes -cuentapropistas, cooperativos o ligados
en lo futuro a la pequeña y mediana empresa- se revelan otro
reto para una clase política habituada al control verticalista
centralizado. Las políticas en curso han consistido en insertar
a estos trabajadores en los sindicatos existentes, lo cual es evidentemente
disfuncional tanto para los sindicatos como para los cuentapropistas
y para los cooperativistas y, de hecho, ha sido una convocatoria con
magros efectos. Todo hace pensar que sería más razonable
estimular la organización de estos sectores en organizaciones
propias capaces de representar sus intereses específicos dentro
del sistema, aun cuando ello implique una nueva forma de pensar y hacer
la política.
Sólo a partir de esta potenciación del sujeto popular
en las diferentes esferas sociopolíticas es posible pensar en
un diseño económico alternativo que conjugue formas de
economía popular [12] con mecanismos de cogestión y autogestión
a partir de un patrón empresarial descentralizado, sea bajo el
rubro de la propiedad estatal, mixta o privada y que al mismo tiempo
contenga otras formas organizativas de consumidores que, amparados por
una legislación coherente, puedan contrarrestar el efecto depredatorio
del mercado (sea éste controlado por el sector privado o estatal)
sobre los niveles de consumo de la población.
Este mismo diseño político debe considerar el espacio
necesario pero subordinado del sector tecnocrático empresarial.
La importancia de estos sectores emergentes no radica en su monto cuantitativo.
En términos numéricos, no hablamos más que de unos
pocos miles de personas cuyos lugares en la escala social son aún
inestables, carecen de estructuras organizativas propias y no han desarrollado
una conciencia sectorial coherente. La trascendencia de este sector
está atenida a parámetros cualitativos, en razón,
sobre todo, de su posición en las áreas más dinámicas
de la economía, lo que los dota de "bienes políticos
intercambiables" frente a la clase política y a la burocracia
tradicional. Se trata de una relación biunívoca complementaria,
aunque no exenta de contradicciones, en la que los sectores emergentes
proveen a la élite tradicional de los excedentes económicos
para la reproducción del proyecto político en curso, al
mismo tiempo que ésta garantiza una paz social imprescindible
para el nuevo modelo de acumulación. En última instancia,
no debemos olvidar que los nuevos tecnócratas y empresarios provienen
del seno de la burocracia tradicional, o han sido formados desde sus
políticas en curso, lo que los coloca en una red muy selectiva
de relaciones personales y accesos a recursos (informativos, materiales,
etcétera).
Esta relevancia cualitativa se evidencia también en la posesión
de una alta capacidad de producción ideológica y cultural,
para lo cual los miembros de tal sector sólo necesitan mostrarse
ante la sociedad como símbolos del éxito personal en relación
con el mercado. Ello ha tenido un impacto en las actitudes y conductas
de segmentos significativos de los sectores populares, para los cuales
lo que antes se percibía como desviación de la norma (acomodamiento,
corrupción o marginalidad) hoy es evaluado como rasero del éxito
o simplemente una resistencia legítima en aras de la supervivencia.
Su paradigma no podría ser otro que un modelo chino edulcorado,
locuaz respecto a sus logros económicos y consumistas y omiso
en relación con sus deprimentes resultados sociales, políticos,
culturales y ecológicos.
Aquí radica y no en los insignificantes grupos disidentes -con
los que el sistema ha aprendido a convivir sin grandes molestias- la
base social real de un termidor cubano, lo cual pudiera ser un problema
mayor en el futuro: la raíz de una mafia tropical que ya empieza
a mostrar sus influencias.
Las principales limitaciones para su despliegue como bloque hegemónico
están dadas por la persistencia de una alianza de las clases
populares con la dirigencia política emergida del hecho revolucionario.
Como se dijo antes, los signos de cautela mostrados por la dirigencia
política (y particularmente por aquellas figuras que conforman
su liderazgo histórico) frente al avance del mercado y de la
reforma, no importa ahora la valoración técnica que merezcan,
expresan la permanencia de este compromiso social básico, por
lo demás innegociable de cara a la necesidad de mantener la unidad
nacional ante la hostilidad norteamericana. En consecuencia, el estado
actual de la reforma económica en Cuba aún mantiene una
fuerte compartimentación de los sectores económicos y
una situación de mercados fragmentados, lo que dificulta las
relaciones horizontales entre los distintos componentes mencionados
e incluso dentro de cada sector. No es difícil advertir, sin
embargo, que esta condicionante estructural será diluida por
la fuerza del mercado, si no implica la renovación del propio
bloque popular y su proyección como una fuerza autónoma
y con posicionamientos políticos propios.
En términos formales, ello implicaría cambios institucionales,
normativos y proceditivos, ninguno de los cuales tiene que ver con las
exigencias norteamericanas a favor de una democratización liberal
del sistema.
La institucionalidad y la construcción
democrática
Un primer eslabón de esta cadena sería un subsistema municipal
más capaz y más participativo, como espacio primario de
concertación de intereses y negociación de la(s) política(s).
Los espacios locales cubanos han dejado de ser simples vectores de un
desarrollo regional equilibrado centralmente planificado. En su lugar,
los espacios locales comienzan a experimentar desarrollos desiguales
según sus posicionamientos respecto a las dinámicas económicas
trazadas por el mercado mundial. Polos turísticos, áreas
mineras, zonas francas industriales, son nuevas variables que fragmentan
el espacio nacional y diversifican lo local [13]. Las propias sociedades
locales se transforman con la aparición de agentes económicos
y sociales generadores de nuevas relaciones de poder. En este contexto,
queda poco espacio para la forma tradicional de alimentación
de las tomas de decisiones plasmadas en el plan económico centralizado:
la agregación de demandas por parte de la población y
su transmisión a través de mecanismos verticalistas. En
un escenario de negociaciones, el plan debera ser indicativo, descentralizado
y plural. El espacio local cubano debe ser un primer momento en la planificación
democrática.
A nivel macro, se impone una redefinición de la manera como se
constituyen los órganos gubernamentales representativos en los
diferentes niveles. Hasta el momento, esto ha funcionado sólo
a partir del voto popular organizado por territorios, en el caso de
las instancias provinciales y nacionales sin espacio para elecciones
competitivas. Ello ha repercutido, por un lado, en la ausencia de representación
en los gobiernos locales de grupos de trabajadores ubicados en los territorios
o en la subrepresentación de sectores marginalizados como las
mujeres y, por el otro, en la erosión de las capacidades deliberativas
de las instituciones representativas o en la recurrencia a ficciones
legales con vista a asegurar esta representación donde es imprescindible.
Un nuevo diseño sugeriría la composición de estas
instituciones a partir de fuentes diferentes que satisfagan las exigencias
de la representación territorial, sectorial y de intereses, considerando.
siempre, por supuesto, que todo ello pasaría por la validación
real del precepto legal que confiere a los órganos representativos
los mayores poderes estatales en cada territorio. Hasta el momento,
los órganos representativos han tenido un pobre desempeño
legislativo, acompañado de magros calendarios de reuniones que
no rebasan por lo general unos cuatro días en el año y
un inquietante voto unánime en la totalidad de los temas que
se discuten.
No menos relevante es la creación de un escenario de libertades,
derechos y deberes ciudadanos, claramente consagrados por la ley y respaldados
institucionalmente. La sociedad revolucionaria cubana ha sido pródiga
en la elaboración de un listado de derechos sociales y económicos
que no pueden diluirse en la "magia del mercado" y deben ser
defendidos como conquistas revolucionarias genuinas. Sin embargo, al
mismo tiempo el enunciado de los derechos políticos y civiles
ha sido magro, impreciso y sujeto a la administración por parte
del Estado. Ello ha producido lamentables arbitrariedades en detrimento
de los derechos individuales y colectivos, del debate público
y de las ideas disonantes del afán monolitista de la política.
Aquí valdría la pena recordar cómo el marxismo
clásico describía la sociedad alternativa al capitalismo:
"una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada
uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos"
[14].
El Partido Comunista de Cuba no podría ser ajeno a esta transformación.
De hecho, tendría que ser su protagonista. Sólo él
-organización que es centro del sistema político, con
su más de medio millón de miembros educados políticamente
en un compromiso medular con el socialismo- puede proceder a impulsar
los cambios imprescindibles con los menores riesgos disruptivos, en
aras de la consolidación de un genuino poder popular. Pero ello,
implicaría la propia transformación del partido. Aquí
se trataría de encontrar la forma de organización y funcionamiento
más adecuada a las diferencias de intereses que serían
reconocidas en los ámbitos social y político. En un primer
escenario óptimo, esto conduciría a un partido más
democrático, abierto al debate y permisivo de tendencias en el
marco de la unidad de propósitos estratégicos. Pero no
es aventurado afirmar que también podría conducir a un
sistema multipartidista, particularmente si el Partido Comunista dejara
de asumir su papel de vanguardia. En este sentido, un desplazamiento
del sistema político en la dirección apuntada podría
ayudar al surgimiento y desarrollo de opciones partidistas responsables
y leales en términos de la continuidad sistémica.
El pueblo cubano ha pagado un alto precio durante cerca de 40 años
por el pecado de querer levantar un proyecto alternativo de vocación
socialista e independencia nacional en lo que Estados Unidos ha considerado
siempre su patio trasero. Durante varios lustros Cuba tuvo que pagar
un precio por las ventajas innegables del apoyo soviético. Hoy
paga un costo redoblado por persistir en su empeño, retornando
con singular crudeza a la tragedia histórica del socialismo en
un solo país. La continuidad socialista, de un socialismo renovado
y engarzado en una estrategia mundial anticapitalista no es una improbabilidad
absoluta, pero tampoco lo garantizan las antaño invocadas "leyes
generales de la historia". Si, en cambio, Cuba debe afrontar una
restauración capitalista, entonces habrá que pensar que
los costos pagados en los últimos cuarenta años han sido
una inversión para el futuro renacimiento de una alternativa
de izquierda, y continuar avanzando, recordando una advertencia de Don
Quijote a su escudero, aunque ello provoque los ladridos de burócratas
convertidos en empresarios, de dogmáticos transformados en liberales
o simplemente de quienes imaginen que estamos llegando efectivamente
al muchas veces pronosticado fin de la historia.
1.
He discutido esta forma específica de organización societal
en "Cuba: ¿Cuál es la democracia deseable?",
que se publicó en el libro La democracia en Cuba y el diferendo
con los Estados Unidos (H. Dilla Alfonso, comp.), Centro de Estudios
sobre América. La Habana, 1996.Regresar
2. Anthony Giddens. Más allá de la izquierda y la derecha,
Eds. Cátedra. Madrid, 1996.Regresar
3. David Held. Modelos de democracia, Alianza Editorial, México.
1992.Regresar
4. En este punto, valga una excusa: en Cuba no se publican estadísticas
oficiales sistemáticas desde 1989, por lo que los análisis
siguientes estarán apoyados en estudios parciales y observaciones
que siempre dejan un significativo espacio a la duda.Regresar
5. Vivian Togoros. "Enfoque social del desempeño de la economía
cubana en 1996", en o. c. en nota 1.Regresar
6. Juan Valdés. Procesos agrarios en Cuba, Ed. Ciencias Sociales.
La Habana, 1997.Regresar
7. H. Dilla, A. Fernández y M. Castro. Movimientos barriales
en Cuba. San Salvador, 1997.Regresar
8. Granma, La Habana, 27 de marzo de 1996.Regresar
9. En realidad, no era solamente una declaración de propósitos.
Desde principios de los noventa, diversas fundaciones norteamericanas
de derecha habían intentado consolidar un frente de acción
respecto a Cuba, aunque habría que aclarar que no solamente estaban
dirigidas a influir en la sociedad civil, sino también en otros
sectores, tales como funcionarios civiles, militares y de seguridad.
Para un análisis al respecto, véase: Hugo Azcuy. "Estado
y Sociedad Civil en Cuba". Temas, No. 4, octubre-diciembre. La
Habana. 1995.Regresar
10. Centro de Estudios Económicos. Relatoría del seminario
taller "Las ONG en el mundo". La Habana. 1995.Regresar
11.Un análisis empíricamente fundamentado de las UBPC
puede encontrarse en: Niurka Pérez y Cary Torres.
"UBPC: hacia un nuevo proyecto de participación", en
La Participación en Cuba y los retos del futuro.Regresar
12. Con fines totalmente funcionales, defino aquí economía
popular como el conjunto de actividades productoras o proveedoras de
servicios realizadas por agentes individuales o colectivos que dependen
(fundamentalmente) para su reproducción de la continuada realización
de su fondo de trabajo propio, y cuyo rasgo distintivo sería
la autorregulación basada en principios solidarios y asociacionistas.
Véase: José Luis Corraggio. "De la economía
informal a la economía popular". Nueva Sociedad, No. 131,
mayo-junio. 1994.Regresar
13. H. Dilla Alfonso. "Municipios y construcción democrática
en Cuba". Perfiles Latinoamericanos. Flacso-México, México
D.F.. 1996.Regresar
14. C. Marx y F. Engels. "Manifiesto del Partido Comunista".
Obras escogidas, Tomo I. Editorial Progreso. Moscú. 1976.
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